El Consejo de Ministros valida los proyectos de ley que crean las tasas digital y de transacciones financieras, que suponen un golpe fiscal de 2.050 millones para las empresas.

El Gobierno aprobó ayer los proyectos de ley que crean las tasas Google o de servicios digitales y Tobin o de transacciones financieras, que suponen un golpe fiscal de 2.050 millones para las empresas, y que entran con retraso en el Congreso para su tramitación. Estaba previsto que los impuestos operaran desde enero y, en último término, que hubieran entrado en el Congreso en diciembre.

Se trata de la segunda vez que se analizan estos textos en el Consejo de Ministros, tras una primera lectura el 19 de octubre, en la que también se analizó el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude, que ayer no se validó y que, según fuentes de Hacienda, se aprobará «en breve».

Tras el trámite de audiencia pública, se ha establecido en la tasa Google que las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán exentas. Además, se aclara que la tasa será deducible en Sociedades.

Estos dos impuestos, que crea España en solitario y sin esperar a los proyectos de la UE al respecto, van en paralelo a los Presupuestos, pero su impacto se incluye en el plan presupuestario que entró en el Congreso el lunes.

El impuesto sobre determinados servicios digitales, que prevé recaudar unos 1.200 millones de euros, establece un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta de datos online. El tributo se liquidará trimestralmente y se aplicará a las tecnológicas que facturen más de tres millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo. La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que la tasa Google se dirige a las plataformas que trabajan de forma «privilegiada» y con «competencia desleal» frente otros comercios o actividades que pagan impuestos.

Las patronales reclamaron en el trámite de audiencia pública que las empresas que tributan en España por el Impuesto sobre Sociedades tengan una reducción en la base imposible derivada de los ingresos que proviene de servicios digitales del 10%, que el número de sociedades afectadas fuera menor y que se aclarara que la tasa es deducible en Sociedades. Esta última petición sí ha sido atendida.

La exención de las prestaciones entre entidades que formen parte de un grupo con una participación del 100% le parece a Raúl Salas, socio de fiscalidad internacional de Roca Junyent, «una medida lógica aunque el límite del 100% resulta incorrecto. No resulta razonable que a los efectos de cuantificar los 750 millones y los tres millones se considere el Grupo como una unidad (de forma tal que el hecho que una empresa del Grupo, es decir, con una participación a partir del 51%, supere dichos límites ya «arrastra» a todas las demás a pagar el impuesto) y, sin embargo, a los efectos de calcular la tributación se trate a cada entidad como una empresa separada. No podemos olvidar que incluso en el IVA basta un 50% de participación para que pueda evitarse la tributación de las operaciones dentro de un Grupo, límite que en el Impuesto sobre Sociedades es del 75% (70% para empresas cotizadas)».

fuente: Expansión